Izquierda Ezkerra denuncia que el acceso a la formación superior con el decreto 3+2 supondrá costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias ante el elevado coste de los máster. Este decreto tendrá como consecuencia además la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario.
El decreto por el que se modifican los decretos de ordenación de las enseñanzas universitarias y de las enseñanzas oficiales de doctorado, que permitirá a las universidades implantar carreras de 3+2, tres años de grado y dos de máster, sale adelante por el empecinamiento del ministro Wert, pese al varapalo que el Consejo de Estado le ha dado y pese a la manifiesta oposición de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) y sin debate con la comunidad universitaria, sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa de los nuevos grados y sin una justificación creíble de sus propuestas.
El problema de fondo es que el cambio de Licenciaturas en Grado + Máster (4+1) con el Plan Bolonia, lo único que supuso en la práctica fue una excusa para aumentar brutalmente las tasas del 5º curso de licenciatura. Ahora se quiere profundizar aún más con el modelo 3+2, dadas las elevadas tasas que tienen los Máster en España.
Con este decreto los Grados pasan a tener un carácter “básico” y “generalista”, es decir, que no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral de la abogacía, el periodismo, la ingeniería, etc. Para obtener esa cualificación “especializada” –según el texto del decreto- será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, lo cual hará que se duplique su precio. Si actualmente los máster de un año oscilan entre 2.700 y 7.000 euros anuales, con el nuevo decreto tendrán que afrontar el pago de dos años de máster que supondrá entre 5.400 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido con suficiente prestigio para acceder al mercado laboral en condiciones de menor precariedad y temporalidad. Así está claro que será tan sólo una minoría privilegiada quien pueda costearse los estudios universitarios.
Esta reducción supondrá recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los 5 años de las licenciaturas, ahora sólo serán los 3 años de grados, trasvasando a las familias el coste global de los Máster y beneficiando a las universidades privadas, que apuestan por los postgrados como su principal ámbito de actividad.
La sangría que desde 2010 sufren las universidades públicas en sus presupuestos ha hecho retroceder su nivel de gasto casi una década. Les han recortado a los campus universitarios 1.523 millones en los últimos 4 años: en profesorado y personal (un 31,8%), en infraestructuras, equipamientos e investigación (un 56%). El gasto medio por alumno ha bajado un 16,48 % (25,2 % aplicada la inflación). El único capítulo que aumenta son las tasas que irán a cargo de las familias. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.
En definitiva estamos ante un decreto que forma parte de un paquete de reformas, que se convertirán en una “reforma encubierta” del sistema universitario, tras el incremento de las tasas que pagan los y las universitarias vía Real Decreto-Ley, y la imposición de tres nuevos Reales Decretos que además del 2 + 3, suponen también la modificación de los requisitos para la creación de centros universitarios que facilita abrir nuevas universidades privadas sin las condiciones mínimas la modificación del sistema de acreditación del profesorado universitario, que dejará la docencia en segundo plano y potenciará el nepotismo en la selección de los y las docentes universitarios.
Por eso Izquierda-Ezkerra apoya y apoyará todas las movilizaciones de rechazo, convocadas en todo el Estado, ante las reformas en educación superior que plantea el gobierno del PP.
Gabinete de Prensa